En esta
ocasión escribimos en nombre de los pueblos indígenas Ikojts (Huaves) y Binniza
(Zapotecas) del Istmo de Tehuantepec (Oaxaca, México), para dar a conocer de
las violaciones a sus Derechos como
Pueblos Indígenas realizadas por los tres niveles de gobierno en nuestro país,
así como por un sinnúmero de empresas trasnacionales que actualmente se disputan
se territorio, su mar, su aire, su tierra y su vida para convertirlas en
mercancía. Estas empresas llegaron a escondidas, haciendo acuerdos con líderes
y funcionarios de gobierno corruptos, acordaron repartirse el territorio, como
si este estuviera vacío, como en la época colonial en América repartieron los pueblos
y así los dividieron; en pleno siglo 20 han hecho nuevamente lo mismo en este territorio.
Las comunidades que desde hace milenios viven en el Istmo de Tehuantepec, están
sufriendo desde fines de los años 90s y sobre todo a partir de 2004, una
colonización acelerada del territorio por parte de empresas eólicas
multinacionales. Estas empresas están acaparando e invadiendo las tierras, debido al fuerte viento que sopla
durante casi todo el año en esta región con el propósito de producir energía.
Este viento es parte de su cultura, tradiciones y espiritualidad, pero para
estas empresas es simplemente es una fuente de riqueza, proveniente tanto de la
venta de electricidad eólica como de la venta de bonos de carbono (verificados
por el Mecanismo de Desarrollo Limpio o Clean Development Mechanism) y el
acceso a otros mecanismos financieros de la mal llamada “economía verde” (como
los Fondos de Inversión del Clima, el ClimateTechnology Fund, etc).
2. Sabemos que a las empresas no les interesa cuidar el medio ambiente
puesto que son ellas mismas las que en aras de la mercantilización de todas las
formas de vida, han destruido hábitats, ecosistemas y han acelerado el cambio
climático global; y lo sabemos porque los parques eólicos en esta región han
destruido tierras fértiles donde cultivan alimentos, han derribado cientos
de árboles milenarios y destruido pastizales y palmares. Su principal objetivo
son los millones de dólares que la Organización de Naciones Unidas les otorga
por concepto Certificados de reducción de Emisiones de carbono, cuyo costo por
tonelada de carbono o bono verde es de 354.6 pesos, dinero que también obtienen
las empresas multinacionales, además de los miles de pesos mensuales que ganan
por cada aerogenerador. Desde principios de la década pasada, el Gobierno del Estado
de Oaxaca empezó a dar concesiones ilegales a empresas eólicas sobre estos territorios,
violando los derechos para crear un “cartel eólico”, formado sobre todo por
empresas multinacionales españolas (Iberdrola, Acciona, Unión Fenosa / Gas
Natural, Preneal, Renovalia Energy, etc), con participación también de algunas
italianas (Enel) y francesas (EDF). Estas concesiones ilegales les daban a
estas empresas derechos exclusivos para desarrollar parques eólicos en estas
tierras. La mayor parte de los parques producen electricidad para grandes
grupos empresariales, tanto extranjeros como mexicanos, tales como Wall-Mart,
FEMSA, Heineken, Cemex, Bimbo, etc. Estas empresas se benefician de un menor
coste de electricidad, mientras que las comunidades pagan tarifas sumamente
altas, y sufren la persecución judicial en el caso de que no puedan pagar los
altos cobros de luz. Aparte de las concesiones, las empresas necesitan
contratos firmados por los Comisariados de Bienes Comunales o Ejidales, así
como permisos de cambio de uso de suelo firmados por Presidentes Municipales.
Consiguieron estos documentos en base a la corrupción de las autoridades
locales y los líderes, y a los engaños y la coacción de las comunidades, sin
seguir los mecanismos de consulta, previa, libre e informada y de toma
democrática de decisiones a la que se tiene derecho. Las comunidades del Istmo están
en lucha desde hace varios años para defender su territorio de la invasión neo-colonial que están sufriendo. Las empresas responden con la violencia del
Estado, sembrando división y violencia dentro de las comunidades, contratando
policías y militares jubilados para dirigir fuerzas de choque usando a los
trabajadores empleados en la construcción de los parques eólicos, así como
grupos de sicarios que los agreden, persiguen y amenazan de muerte. De los
procesos de resistencia en marcha, el que tiene más fuerza actualmente es el
relativo al proyecto del consorcio Mareña Renovables, que pretende construir el
mayor parque eólico de América Latina, de 396 MW. El consorcio está formado por
FEMSA (la mayor embotelladora de Coca-Cola del mundo) y Heineken (dueña de la
Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma, que produce diversas marcas de cerveza) como
consumidores de la electricidad, y Mitsubishi, el fondo de pensiones holandés
PGGM, y el Fondo de Inversión Macquarie México (establecido por el fondo
australiano Macquarie con dinero del BID, del gobierno mexicano y de fondos de
pensiones mexicanos) como inversionistas. Cuenta con financiación del Banco
Interamericano de Desarrollo(BID) y de varios bancos. Este proyecto afectará
irreversiblemente una barra de arena y manglar que divide las lagunas Superior
e Inferior del Istmo. Esta barra, denominada Barra de Santa Teresa, es una
parte esencial del frágil ecosistema de la que dependen los pueblos pescadores
Ikojts y Binizaa de San Dionisio del Mar, San Mateo del Mar, San Francisco del
Mar, Santa María del Mar, Álvaro Obregón, Santa María Xadani, Juchitán, Unión
Hidalgo, etc.
3. El consorcio ya trajo todos los equipos pero no puede construir
debido a que la comunidad de San Dionisio del Mar solicitó la suspensión
definitiva del proyecto eólico en la Barra Santa Teresa mediante un amparo
presentado a un juez federal, quién el día 07 de diciembre de 2012 determinó
que “con fundamento en el artículo 233 de la Ley de Amparo, de plano, decreta
la suspensión de oficio de los actos reclamados, para el efecto de que las
autoridades responsables no priven total o parcial, temporal o definitiva de
los bienes agrarios del núcleo de población quejoso, respecto de los terrenos
ubicados en la Barra Santa Teresa”. Desde noviembre de 2012, las comunidades
del Istmo han mantenido una guardia permanente en la entrada de la barra Santa
Teresa para resguardar su territorio .En respuesta, el consorcio apeló al
Gobierno de Oaxaca para entrar por la fuerza, pero las comunidades han
resistido a la actuación dela Policía Estatal. Sin embargo en diferentes actos
violentos han sido golpeados y apresados de manera injustificada, y hay una
campaña permanente de desprestigio, hostigamiento y criminalización de nuestra
lucha de resistencia. La empresa ha contratado como consultor a Diódoro
Carrasco Altamirano, un ex-gobernador de Oaxaca y experto en reprimir
movimientos a cambio de un porcentaje del proyecto, por lo que existe un alto
riesgo de paramilitarización del conflicto. Finalmente, quiero resaltar que
siempre han estado exigiendo a los distintos niveles de gobierno que respeten sus
derechos como pueblos indígenas y que están consagrados y reconocidos en la Ley
de Derechos y Cultura Indígena del Estado de Oaxaca, en la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, en la Organización
Internacional del Trabajo y en la Declaración de las Naciones Unidas sobre
derechos de los Pueblos Indígenas, sobre el derecho a la Consulta Previa libre
e Informada. No obstante las concesiones y los diversos permisos
administrativos necesarios para poder concesionar, construir y operar los
parques eólicos fueron otorgadas sin la debida consulta a los pueblos indígenas
Huave y Zapoteco que vivimos en la zona. Este derecho al consentimiento libre
previo e informado fue violentado por el Estado mexicano y las empresas
multinacionales. Actualmente el gobierno de Oaxaca, está realizando una campaña
para un supuesto proceso de consulta en el Istmo de Tehuantepec, que permitirá
la entrada de la empresa Mareña Renovables con el argumento de armonizar los
intereses de la empresa y nuestros pueblos. Frente a esta nueva embestida del
gobierno y las empresas que tratan de manipular los derechos indígenas, la
Asamblea General de los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa
de la Tierra y el Territorio manifiestan que los intereses de la empresa y el
pueblo no pueden armonizarse en tanto que son totalmente contrarios, han dicho
que ¡No! Quieren que se les despojen de sus territorio, que el gobierno acate
la decisión ya tomada del pueblo como lo establecen los tratados
internacionales y leyes locales, reconozca la responsabilidad que tiene, y
respete desde ahora los derechos al territorio, a una vida digna y a decir ¡NO!
4. Descalificación, manipulación de la información y persecución,
lo que ha provocado la polarización social en la región y un ambiente
totalmente coaccionado que impide esa libertad de ser consultado.· Que la
Consulta Previa, Libre e Informada es un proceso, donde los pueblos indígenas
son el principal actor de dicha consulta, nada se puede hacer sin el
conocimiento del pueblo, además de que cada una de las partes de este proceso
puede durar meses y hasta años y no es un acto de consulta el hecho de colocar
urnas y ver quien tiene mayoría, como han sido las consultadas realizadas en
México hasta el momento QUIEREN SEGUIR VIVIENDO COMO LOS PUEBLOS INDÍGENAS QUE
SON . “Ellos no pueden vender nuestro mar, nuestra tierra, nuestro viento y
nuestra vida construida con el conocimiento de nuestros ancestros, por lo que
hemos dicho No al Proyecto en la Barra Santa Teresa”
POR EL RESPETO AL DERECHO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS LA TIERRA, EL AIRE Y EL AGUA NO SE VENDEN SE AMAN Y SE DEFIENDEN.
Recomendamos ver un vídeo:
Equipo 5
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